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EL GOBIERNO COLONIAL EN AMÉRICA

La consolidación del gobierno colonial en la América Hispana requirió de un largo proceso que no se agotó con la conquista territorial. Las características de cada región condicionaron, sobre todo en los primeros tiempos, las formas de gobierno que se fueron implementando.

La libertad de acción que tuvieron de hecho las primeras autoridades fue limitándose paulatinamente. El poder central procuró hacer sentir su presencia y autoridad desde los inicios de la conquista alcanzando su mayor expresión en los últimos tiempos de la dominación española. Sin embargo, no llegó a establecer un sistema de gobierno como el que hoy podría definirse de división de poderes. Este sistema colonial suponía un control mutuo de las autoridades, tanto unipersonales como colegiadas, para evitar que alguna de ellas alcanzara un predominio que le diera excesivo poder de resolución y con ello, una peligrosa independencia de acción. Este control burocrático y engorroso caracterizó a la administración de gobierno española como un aparato lento y trabado. Dentro de este esquema y para los fines que nos interesan debemos detenernos especialmente en una de las autoridades unipersonales más importantes de la organización colonial: los Virreyes.

A poco de avanzar la conquista y delimitarse las funciones de cada uno de los organismos que se iban creando para gobernar, el cargo de Virrey fue adquiriendo la categoría de la más alta magistratura, dentro de la administración territorial, dependiendo directamente del Rey, sin tener en cuenta ningún tipo de capitulación. Sin embargo los amplios poderes que tuvieron al inicio de la conquista se fueron acotando con el correr del tiempo a medida que la legislación española se hacía sentir con mayor intensidad, interviniendo hasta en las cuestiones mínimas. Los virreyes eran uno de los principales responsables de su cumplimiento; no obstante esto, siguieron manteniendo la jerarquía y el boato que los caracterizó desde el principio.

A partir de 1629 la duración del período de gobierno de cada Virrey se limitó a tres años prorrogables si el Rey lo consideraba necesario. Debía dejar de su paso por el gobierno una memoria en la cual transmitía a su sucesor las actividades desarrolladas, la situación del virreinato y los problemas que consideraba como de mayor importancia. Las atribuciones y obligaciones que cargaron estos funcionarios fueron un reflejo del sistema que mencionábamos al principio. En su persona acumulaban los cargos de Gobernadores, Capitanes Generales y Presidentes de las Audiencias de su distrito. No sólo gobernaban el territorio amplio del virreinato sino que incluían el gobierno local donde residían. En algunos casos se superponían estas funciones con las de otros funcionarios de menor jerarquía. Sin pretender abarcar la totalidad de sus funciones podemos enunciar las siguientes: hacer respetar las leyes protectoras de los indígenas, castigar los delitos anteriores a su gestión, presidir las audiencias de otros distritos dentro del virreinato cuando se encontrara de visita sin resolver sobre cuestiones de justicia, mejorar la obra pública especialmente lo referente a los caminos y fundación de ciudades, atender la sanidad, el sistema de comunicaciones y ejecutar las disposiciones legales. Nombraba funcionarios menores en algunos casos en forma interina, debía procurar el incremento de la hacienda siendo controlado en cuanto al uso que daba de los fondos de las cajas reales.

Como presidente de la Real Audiencia, representaba al Rey, decidiendo la competencia de los magistrados, controlando la forma en que se administraba la justicia e informando sobre la conducta privada de los jueces. No obstante esto, no debía interferir en los casos que no le competían.

Finalmente, como Capitán General era el responsable y la autoridad máxima de las fuerzas militares del distrito pudiendo por ello ejercer la justicia en el fuero militar. Como se ve abarcaba atribuciones que hoy competerían a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Esta síntesis de las funciones de los virreyes nos es necesaria para ir perfilando la figura del funcionario que nos ocupa en este trabajo. A medida que el gobierno se fue haciendo más complejo los virreyes fueron incorporando disposiciones de la corona mediante distintos tipos de colaboradores, para resolver sobre los casos que los ocupaban.

Con categoría inferior pero dentro del esquema de las autoridades unipersonales encontramos los Gobernadores. Estos tenían distintos tipos de atribuciones dependiendo de la categoría del distrito que les tocaba gobernar.

La primera mención de la existencia del cargo de Asesor de Gobierno la encontramos en el corpus legal sobre el cual se edificó la jurisprudencia en América: Las Leyes de Indias. En la compilación del siglo XVII, La Ley 35, Título III, Libro 3º, ordenaba a los Virreyes que nombraran un Asesor para entender en materia de Justicia y Derecho de Partes.

Cuando por la "Real Ordenanza para el Establecimiento e Instrucción de Intendentes de Ejército y Provincias en el Virreinato de Buenos Aires" de 1782, se hicieron plenamente presentes las ideas del racionalismo del siglo XVIII, se modificó la organización del Virreinato. Se dividió el territorio del Río de La Plata en ocho Intendencias. El Intendente tendría a su cargo los cuatro ramos tradicionales: justicia, policía, hacienda y guerra. En los artículos 12, 13 y 14 de la ordenanza se refiere a la existencia de un Asesor. Dice textualmente el artículo 12: "...cada Teniente incluso el General, tenga un Teniente Letrado con Jurisdicción Civil y Criminal, sea Asesor ordinario en los negocios de la Intendencia, despáchelos en falta, enfermedad o ausencia del Intendente, y sean estos tenientes consultados por la Cámara de Indias".

Los funcionarios de menor jerarquía en sucesión del Virrey fueron los Gobernadores. Con atribuciones similares su categoría variaba de acuerdo a la jurisdicción que les tocaba dirigir. También contaron con la presencia de los asesores y es significativo en este caso el documento que acompañamos en el apéndice documental sobre la creación de la plaza de Asesor para la Gobernación de Montevideo. De igual forma la ordenanza también transcripta establece claramente que en caso de acefalía temporaria fueran los tenientes asesores quienes cubrieran estas funciones. Al momento de la Revolución de Mayo el Asesor General del Virreinato era Juan de Almagro. A modo de ilustrar las características del ejercicio de este cargo corresponde citar un reclamo efectuado por el citado Almagro a poco de haberse producido las Invasiones Inglesas. Como sabemos el Marqués de Sobremonte, Virrey entonces, se dirigió hacia Montevideo. Con él partieron diversos funcionarios, entre ellos el Asesor. Concluidos los sucesos bélicos, Almagro reclamó que se le pagara por los costos y extras que había tenido en este traslado. El fiscal de la Real Audiencia de Buenos Aires, Genaro de Villota, se expidió sobre dicha solicitud argumentando que no correspondía por ser parte de las obligaciones del funcionario acompañar al Virrey en estos casos. En el apéndice documental transcribimos este documento.

LA PRIMERA DÉCADA DE LA REVOLUCIÓN. DESDE LA REVOLUCIÓN DE MAYO HASTA LA FORMACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La Revolución de Mayo no se debe enfocar solamente por lo ocurrido en Buenos Aires en la llamada Semana de Mayo. Es parte de un proceso denominado Revolución Americana que recién concluye en su aspecto militar con la derrota española de 1825. Esta etapa corresponde al punto final de la desintegración del imperio hispánico en América, no obstante que España aún conservó por muchos años posesiones territoriales en el continente. La conclusión de esta revolución fue la formación de los estados americanos. Tanto la guerra por la emancipación como la represión realista se plantearon a nivel continental: Caracas, Bogotá, México, Santiago de Chile y Buenos Aires en forma prácticamente simultánea desconocieron el Gobierno español en la Península y reclamaron la autoridad en su propio territorio, preparando el camino para la futura independencia. Cada uno de estos procesos particulares, si bien fue parte de un todo, mantuvo sus propias características políticas, sociales, económicas y culturales.

Si la opción era la independencia: ¿cómo se organizaría ese nuevo estado?.

La definición sobre la independencia fue dubitativa hasta 1815. A partir de ese momento las circunstancias en Europa, el propio desarrollo de las luchas en territorio americano y el predominio de los sectores partidarios de la emancipación forzaron una decisión por este último camino.

La cuestión que aparejaba la independencia y que desde los comienzos de la revolución se discutía era el esquema político que organizaría este nuevo estado. Dos doctrinas orientaron la discusión jurídica.

La primera, sin definir orden de jerarquía, implicaba que la Junta que sustituía al Virrey subrogaba los poderes de éste. Vale tener en cuenta a los fines que nos ocupan, que esto implicaba que la nueva institución política heredaba las atribuciones, poderes y competencias que el antiguo magistrado tenía. La Primera Junta y los gobiernos posteriores, en la medida que se identificaron con los sectores más centralistas de la capital del Virreinato, intensificaron un enfrentamiento con el interior el cual no aceptaba el cambio de mando. Reclamaban un sistema que igualara los derechos de cada una de las regiones del antiguo Virreinato, rechazando el reemplazo de Madrid por Buenos Aires. Demás está decir los motivos económicos que profundizaban estas posturas.

La segunda era la retroversión, por la cual si faltaba la autoridad legítima el pueblo podía darse sus propias autoridades. Esta teoría estuvo claramente expuesta en la jornada del Cabildo del 22 de Mayo y fue retomada en diversas ocasiones.

Fue en la Banda Oriental donde, a poco de comenzar la revolución, se presentó uno de los focos más importantes que combatieron el predominio de Buenos Aires. En la persona del caudillo José Gervasio de Artigas se representó este enfrentamiento, que con el correr del tiempo, incluyó todo el litoral argentino llegando ocasionalmente hasta Córdoba. Su oposición localista, con un incipiente federalismo, llevaba implícito una alternativa válida al centralismo porteño. El período de 1810 hasta 1815 presenta el inicio y la definición de estas posturas enfrentadas, que más allá de los hombres que las representaron, signaron gran parte de la evolución política argentina hasta bien entrado el siglo XIX. Desde el año 1816, fecha de la declaración de la independencia y de un serio intento de conformar un poder central reflejado en el Congreso de Tucumán, hasta 1820 cuando cae el gobierno surgido de este Congreso, enfrentado por las fuerzas de Artigas y sus aliados del litoral, las provincias fueron perfilando su identidad. A partir de ese año cuando la principal de todas, Buenos Aires, estructura un sistema de gobierno propio, comienza una nueva etapa de la evolución política argentina y obviamente provincial.

La Junta Provisional Gubernativa surgida el 25 de mayo de 1810 dictó su propio reglamento interno el día 28 de mayo. Este "Reglamento Administrativo para el ejercicio de la Autoridad" constaba de 10 artículos. En el séptimo establecía "Los señores que componen la Junta Provisoria queden excluidos de ejercer el Poder Judiciario, el cual se refundirá en la Real Audiencia, a quien pasarán todas las causas contenciosas que no sean de Gobierno".

Apenas diez días después de producido el cambio de autoridades la Junta jubiló al Dr. Juan de Almagro quien ocupaba el cargo de Asesor General del Virreinato. Seguramente no podía quedar en un cargo tan importante un funcionario afín al gobierno anterior. Más allá de la idoneidad jurídica, la comunión política o ideológica era indispensable, para que coincidieran los objetivos de quienes ejercían las funciones específicas de gobierno y de quien debía asesorar sobre la validez y justicia de las mismas.

Esta situación se mantuvo prácticamente a lo largo de toda la evolución de la Asesoría.
El Dr. Miguel Mariano de Villegas fue nombrado como Asesor Privado de la Junta el 28 de noviembre de 1810 en reemplazo del citado Juan de Almagro. Tenía funciones en asuntos gubernativos. Este abogado de 39 años había nacido en Buenos Aires el 16 de junio de 1771. Cursó sus estudios de Jurisprudencia en la Universidad de San Felipe matriculándose en la Real Audiencia en 1798. Previamente había estudiado teología y gramática. Más allá de su identificación con la causa revolucionaria tenía sobradas condiciones intelectuales para desarrollar las tareas que la Junta le había encargado. En octubre de 1810 había sido designado Síndico del Cabildo, cargo que volvió a ocupar en 1812. En su dilatada actividad pública, entre otros cargos, le tocó ser Asesor del Defensor de Pobres, encargado de la residencia a quienes habían ocupado cargos desde el 25 de febrero de 1810 hasta febrero de 1813. Recordemos que la residencia era una instancia semejante a un juicio que se hacía desde la época hispánica a los Virreyes para evaluar su gestión y de ser necesario someterlos a la justicia ante una falta o delito. En 1816 fue miembro de la Comisión de Seguridad, Director Interino de la Academia de Jurisprudencia, fiscal de la Junta para los juzgamientos de Juan Ramón Balcarce, Pueyrredón, Alvear, Rondeau y Manuel de Sarratea. Formó parte de la comisión que reconoció los restos de Dorrego. En 1835 fue presidente de la Cámara de Justicia siendo separado por Rosas y desterrado a la Estancia de Viamonte. La independencia de criterio tenía un alto precio. Murió en Buenos Aires en 1841.

La evolución político-institucional durante el primer lustro de la revolución fue evidentemente inestable; baste con mencionar los gobiernos que se sucedieron. La Primera Junta en 1810, la llamada Junta Grande en 1811, el primero y segundo Triunvirato y el Directorio, cargo que se continuó. En este período pretender un ordenamiento institucional definido y estable es utópico. La Primera Junta continúa con la función de gobierno local sumada a la del virreinato; recién el primer Triunvirato, meses antes de su caída, separó estas funciones. El 13 de enero de 1812 designó un Gobernador Intendente contando con la colaboración de dos Asesores que lo eran también del Triunvirato. Estos fueron los doctores Miguel Carballo y Gregorio Tagle. Más allá de este decreto y de no crearse un cargo específico de Asesor de Gobierno, la función y la figura del asesor siguió vigente en esta etapa de inestabilidad política constante.

El año 1815 es particularmente destacado en nuestra historia. Con él concluye el Directorio de Alvear, la etapa de la Asamblea iniciada en 1813 y se produce, para algunos, la primera revolución federal en nuestra historia. En abril asumió como nuevo Director Ignacio Alvarez Thomas convocando un nuevo congreso que a la postre fue el encargado de declarar la independencia.

Un personaje protagonista de este período, fue el Dr. Juan José Paso. Desde los inicios mismos de la revolución participó en todos los gobiernos sabiendo en que momento exacto retirarse, para retornar en el gobierno siguiente. Su vida fue tan fascinante que amerita la lectura plena de su biografía, obrante en el capítulo correspondiente. A partir del 8 de febrero de 1815 -con una forzosa interrupción por los sucesos revolucionarios- hasta el 10 de junio de ese año la Asesoría recibe el nombre y las funciones de Asesor de Gobierno y Auditor de Guerra y es nombrado para ejercerlo el Dr. Juan José Paso. Una de sus primeras medidas fue precisamente investigar la gestión anterior -la de Alvear- desterrando entre otros a Vieytes, Monteagudo, Posadas, Valentín Gómez, Rodríguez Peña y Agrelo. La evolución cambiante de la política hizo que posteriormente este último reemplazara al Dr. Paso en la Asesoría.

EL AÑO 1820 Y EL ORIGEN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El año 1820 fue sin duda uno de los momentos más interesantes de nuestra historia.
Por la presión de las circunstancias y los caudillos litorales surgió la provincia de Buenos Aires. Ese año vio nacer las instituciones propias de la división de poderes: el Gobernador, confirmado en su función puramente ejecutiva; la Sala de Representantes, órgano eminentemente legislativo, y la estructura del poder judicial.

El 13 de mayo de 1820 fue nombrado Asesor el Dr. Pedro José Agrelo, con funciones también de Auditor de Guerra y Gobierno cargo que había desempeñado brevemente durante el gobierno del Director Alvear. Conviene aclarar que el concepto de Auditor suponía injerencia en la interpretación de las leyes y en procedimientos judiciales instruidos en lo referente al ejército o las cuestiones militares. Agrelo contaba cuando fue nombrado con 44 años. Apenas producida la Revolución de Mayo, se trasladó del Alto Perú a Buenos Aires donde se lo nombró redactor de la Gaceta de Buenos Aires. Ricardo Levene lo calificó como un magistrado inflexible e implacable. Ocupó diversos cargos en las instituciones judiciales de entonces, publicando o dirigiendo innumerables periódicos en los que traslucía sus ideas políticas con un celo y vehemencia muy particular. En 1817 fue deportado a Estados Unidos regresando al poco tiempo. A pesar de pertenecer al partido federal, Rosas lo separó del cargo de Fiscal de la Cámara de Justicia en 1835 debiendo emigrar con su familia a Montevideo donde ejerció su profesión de abogado. Murió en la más absoluta pobreza el 23 de julio de 1846.

La información disponible sobre los magistrados que ejercieron las funciones de Asesor nos limita hasta el año 1823, en que en forma interina fue designado nuevamente Miguel Mariano Villegas suprimiéndose, por Ley del Presupuesto de 1824 la Asesoría.

Le correspondió al Dr. Manuel Vicente Maza, por decreto del 3 de septiembre de 1829 restablecer el cargo de Asesor y Auditor del Ejército y Marina.

Entre ambas fechas habían pasado una guerra exterior, un intento de gobierno nacional, la proclama frustrada de una Constitución, la división de la provincia de Buenos Aires, la capitalización de la ciudad, el enfrentamiento entre Unitarios y Federales y la preeminencia en el escenario político del hacendado Juan Manuel de Rosas. Ese año 1829, marcó una nueva etapa en la evolución de la historia provincial.

EL PREDOMINIO DE JUAN MANUEL DE ROSAS Y EL PARTIDO FEDERAL DE BUENOS AIRES

El período que abarca la presencia hegemónica de Juan Manuel de Rosas en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la conducción general de las provincias todas, ha sido estudiado profusamente. Debido al enfoque que le hemos dado a este trabajo solamente nos vamos a detener en aquellos aspectos que hayan sido relevantes desde el punto de vista institucional.

El 3 de septiembre de 1829 se restableció el cargo de Asesor General abarcando también el de Auditor del Ejército y Marina. Hasta aquel entonces Pedro Somellera desempeñaba en forma informal las funciones de Asesor. En ese momento las provincias estaban envueltas en una guerra civil que enfrentaba a los Unitarios y Federales. El gobierno de la provincia de Buenos Aires estaba a cargo de Juan José Viamonte quien designó para ocupar el cargo restituido de Asesor al Dr. Manuel Vicente Maza. En los considerandos del decreto se decía: "No obstante las poderosas razones que se tuvieron presentes para suprimir la plaza de Asesor General al sancionar el Presupuesto de Gastos para el año 1824, una experiencia constante ha demostrado que ella es necesaria para la mejor expedición de los negocios, muy particularmente los que tienen relación con la administración de justicia". Maza fue jurisconsulto y político sufriendo por sus posturas a favor de la independencia prisión en la cárcel de Lima. Regresó al tiempo de la revolución desempeñando diversos cargos en el Cabildo de Buenos Aires y la justicia provincial. En 1818 entabló relación con Rosas de quien fue secretario y ministro. Su vida terminó abruptamente cuando fue asesinado el 27 de junio de 1839. Como ejemplo de una época vale su trágica historia familiar. La madrugada de ese día 27 fue fusilado su hijo quien había participado en un intento de revolución contra el Gobernador Rosas. Al enterarse su esposa de esta situación, se envenenó.

Continuó en la Asesoría el Dr. Antonio Domingo de Ezquerrenea hasta el 9 de septiembre de 1832 quién fue sucedido por el Dr. Manuel Insiarte hasta 1837. Le correspondió al Dr. Eduardo Lahitte ocupar esa función hasta 1839. Este hijo de noble francés adhirió tempranamente al partido federal, ocupando distintos cargos en el Ministerio de Gobierno, Secretaría de la Sala de Representantes y en Relaciones Exteriores. Fue Fiscal de Estado y representante argentino ante Bolivia y Francia. Al caer Rosas adhirió al gobierno de Urquiza, proyectando el Código de Procedimientos.

Completaron las funciones de Asesores hasta la caída del gobierno de Juan Manuel de Rosas: los doctores. Baldomero García y Roque Julián Sáenz Peña. Con el cambio de gobierno ocupó el cargo el Dr. Francisco Pico.

EL GOBIERNO DE URQUIZA, LA CONSTITUCION NACIONAL Y EL ESTADO DE BUENOS AIRES

En el período comprendido entre la caída de Rosas, el 3 de febrero de 1852, hasta la unión definitiva de Buenos Aires en 1861, se sucedieron en el cargo de Asesor de Gobierno ocho funcionarios. Vale como aclaración que durante la gestión del Dr. Pinto como Gobernador, por decreto del 14 de octubre de 1852, se suprimió la Asesoría. En un breve considerando decía que no siendo mayormente necesaria la Asesoría de Gobierno se decretaba su supresión. Dos años después se volvió a crear, ocupándola en esa ocasión el Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield.

Corresponde detenernos en la gestión del mencionado jurisconsulto. Este abogado cordobés se recibió en 1822 incorporándose al año siguiente en la matrícula de abogado de Buenos Aires. Fue en varias ocasiones diputado y conjuntamente con Carlos Tejedor autor del proyecto de Constitución de la provincia de Buenos Aires. Su obra más importante fue, sin duda, el Código Civil sancionado en 1869. Ocupó la Asesoría de Gobierno de 1854 a 1858 con algún interregno de licencia. Acompañó las gestiones desde su función de Asesor de los gobernadores Pastor Obligado y Valentín Alsina. De su labor en este período rescatamos dos dictámenes que transcribimos en nuestro apéndice documental por ser un claro testimonio de su idoneidad al frente de la Asesoría. El primero trata sobre el funcionamiento en el país de las sociedades anónimas extranjeras y el segundo de la necesidad de autorización para crearlas en el país. Ambos fueron publicados en el diario "El Nacional".

Culminó su tarea como Asesor al presentar su renuncia al cargo el 4 de septiembre de 1858. Vale como un documento ilustrativo de las funciones de la Asesoría y las exigencias a que estaba sometido el funcionario que desempeñaba el cargo de Asesor, el texto de la renuncia. El mismo expresa: El día de ayer se me ha comunicado por el señor Ministro de la Guerra un decreto de S. E. el Señor Gobernador librado en un negocio particular en que yo me había excusado de dar dictamen por ser una materia ajena á mi profesión, por el cual se me hace saber que mis funciones como Asesor son otras que las que yo creía; y que es de mi deber auxiliar al Gobierno de palabra ó por escrito en todo asunto, sea de la naturaleza é importancia que sea, siempre que el Gobierno halle conveniente el oírme, y acerca de cuya necesidad ó conveniencia, es solamente el Gobierno y nadie mas quien puede y debe juzgar. Puede ser, Señor Ministro, que el Gobierno encuentre Abogados que le sirvan en la manera que dice quererlos. Yo ni puedo prometerle aptitudes universales, ni tampoco someterme á la servil condición en que me hallaría después del decreto de S. E., tanto menos, cuanto que en el difícil puesto que he ocupado hacía un sacrificio oscuro é ignorado de todas mis conveniencias, que yo solo puedo estimarlo.

A mas Señor Ministro, hacen quince ó veinte días que espresé a V. S. que no me era posible continuar en el empleo de Asesor de Gobierno, porque el cúmulo de negocios qe venía á mi despacho era muy superior al trabajo del mas laborioso Abogado y que podrá por lo tanto el Ministerio pensar en el letrado que debiere subrogarme.

Hago pues la mas indeclinable renuncia del empleo que sirvo, esperando que elevado al conocimiento de S.E. ella me será admitida. Dios guarde a V.S..

Más allá del temperamento y convicción que demuestra Vélez Sarfield, indirectamente esboza las funciones que debía cumplir un asesor o mejor dicho lo que se esperaba que cumpliera, que era evidentemente expedirse en cualquier asunto para el cual fuera requerido por parte del gobierno.

LAS PRESIDENCIAS DE MITRE, SARMIENTO Y AVELLANEDA. LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL HASTA LA CAPITALIZACIÓN DE BUENOS AIRES

El período comprendido entre 1862 y 1880 presentó una serie de cambios que permiten un corte temporal variado y siempre justificable. Siguiendo el criterio predominantemente político que la temática del trabajo nos marca, debemos hacer especial hincapié en la reconstrucción institucional que vivió nuestro país. Esto siempre con la memoria fresca en recordar que ya la inmigración era un fenómeno relevante, que la economía había incorporado la exportación de cereales como uno de sus recursos, que el ovino predominaba en la pampa y el ferrocarril comenzaba a ser el gran medio de transporte para la salida de los productos por el puerto de Buenos Aires. El primer censo nacional de 1869 nos daba una población de 1.700.000 habitantes concentrando la provincia de Buenos Aires el 28% del total: 495.000. La ciudad ya había alcanzado los 177.000 habitantes, concentrando el 47% de extranjeros en su población. Ambas, Nación y Provincia, compartían la capital. La gran fuente de ingresos económicos estaba supeditada a un acuerdo frágil e inestable. La incruenta Guerra del Paraguay ensombreció los logros materiales e intelectuales de esta época.

A partir de Mitre podemos decir que se anuncian los cambios que en 1880 representaron la Argentina moderna. Las otras dos presidencias -Domingo F. Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880)- señalaron la transición política. Las líneas "Buenos Aires Liberal" e "Interior Federal" se van desdibujando rompiendo este esquema. Los grupos predominantes del interior se incorporan al liberalismo y con esto van a reconquistar el control del gobierno nacional.
En la Provincia, los gobernadores que acompañaron este proceso fueron: Mariano Saavedra, hijo del presidente de la Primera Junta de Gobierno, quien gobernó desde 1862 hasta 1866, período en el cual se profundizaron los enfrentamientos por el problema de la capital, ya que se cuestionaban los derechos que tenía el gobierno nacional para legislar sobre la ciudad de Buenos Aires. Saavedra emprendió una importante labor relativa a la fundación de distintas poblaciones en la provincia de Buenos Aires, motivada en gran medida por la expansión del ferrocarril. Como funcionario a cargo de la Asesoría de Gobierno estuvo el Dr. Carlos Tejedor. Ya anteriormente había ocupado este puesto durante las gestiones en la gobernación provincial de Valentín Alsina y Felipe Llavallol. La personalidad de Tejedor se destacó desde sus inicios en la actividad política preparando la proyección que tuvo en los años siguientes. Había nacido en Buenos Aires en 1817 cursando sus estudios universitarios en esta ciudad. Fue profesor suyo Valentín Alsina, quien seguramente influyó en su formación posterior. Participó activamente en la oposición a Rosas incorporándose a los grupos como el Club de los Cinco, El Salón Literario y La Moda. Estuvo exiliado, regresando a la caída de Rosas. Fue nombrado Director de la Biblioteca Nacional, Asesor de Gobierno, Diputado Provincial, Ministro de Gobierno, Ministro de Relaciones Exteriores y posteriormente cuando aspiraba a la presidencia de la Nación, Gobernador de la Provincia. Escribió manuales para los Jueces de Paz y un proyecto de Código Penal. Luego de su frustrado intento revolucionario de 1880 ocupó cargos de Diputado Nacional representando a la Unión Cívica Radical. Falleció el 3 de enero de 1903.

A Mariano Saavedra le sucedió en la gobernación Adolfo Alsina para el período 1866-1868. Era hijo de Valentín Alsina y uno de los más firmes opositores a la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Se unió con Sarmiento para la fórmula presidencial de 1868, por lo cual dejó el cargo de Gobernador en manos del Presidente del Senado Don Emilio Castro, quien completó el período 1868-1872. Primero lo ocupó en forma provisional y luego como titular. Otro hombre del tronco Autonomista prevaleció en las elecciones de 1872, Mariano Acosta (1872-1875). Bajo su gobierno la Provincia padeció las consecuencias del enfrentamiento de las campañas presidenciales, desluciendo la obra de este gobernante. Le sucedió Carlos Casares (1875-1878) quien debió enfrentar una de las crisis económicas más importantes de ese tiempo, cayendo estrepitosamente el presupuesto provincial. No obstante la grave situación económica bajo su mandato se pudieron realizar adelantos en otros campos de la acción de gobierno como la promulgación de la Ley de Educación Común de la Provincia de Buenos Aires, predecesora de la nacional 1420. Le continuó, desempeñando la primera magistratura provincial el Dr. Carlos Tejedor para el período 1878-1880, durante el cual se resolvió cruentamente el problema de la federalización de la ciudad de Buenos Aires.

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Asesoría General de Gobierno - Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

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